En un movimiento que ha sacudido el ámbito judicial guatemalteco, el fiscal general Gabriel García Luna ha tomado la drástica decisión de destituir a siete fiscales que formaron parte del equipo durante la gestión de Consuelo Porras. Esta última, recordemos, fue sancionada por Estados Unidos y otros organismos internacionales por haber socioanizado la democracia y estar involucrada en diversos actos ilícitos. Uno de los nombres más sonados es el de Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien se desempeñaba como fiscal regional.
Un legado polémico lleno de sombras
Bajo el mando de Porras, Monterroso estuvo al frente de investigaciones que no solo levantaron ampollas en el país, sino que también atrajeron la mirada crítica del exterior. Su papel fue clave en el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de ‘El Periódico’, detenido bajo acusaciones de lavado de dinero. Este episodio generó una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional, con muchos defendiendo que era un claro ataque a la libertad de prensa.
No contenta con eso, también lanzó su mirada inquisidora sobre otros abogados vinculados a Zamora y sobre fiscales anticorrupción que habían sido parte del extinto mecanismo internacional contra la impunidad. Pero esto no es todo; solicitó investigar incluso a periodistas y columnistas del mismo diario. Monterroso tampoco se detuvo ahí; su implicación llegó hasta los operativos relacionados con el Movimiento Semilla, partido del actual presidente Bernardo Arévalo. En este contexto complicado, Arévalo la ha señalado por ser parte activa en un supuesto golpe de Estado junto a otras figuras cuestionadas.
Esta situación deja claro que no se trata solo de una simple reestructuración administrativa; estamos ante un intento tangible por recuperar la integridad judicial en Guatemala después de años llenos de corrupción y manipulación.