MADRID, 9 de junio. Israel ha decidido dar un paso al frente y pedir este martes que se anule el proceso abierto en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra su primer ministro, Benjamin Netanyahu. ¿La razón? La suspensión del fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, después de un proceso disciplinario por conducta sexual inapropiada.
El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, no ha tenido pelos en la lengua y ha afirmado en redes sociales que «la suspensión de Khan demuestra que esta institución está podrida hasta la médula». Aprovechando el escándalo que envuelve al fiscal, Danon ha exigido también «anular las escandalosas órdenes de detención» contra Netanyahu.
Un trasfondo complicado
Khan fue apartado de su puesto tras una investigación llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), donde se revisaron las evidencias, así como los testimonios escritos y el asesoramiento de expertos judiciales. En noviembre pasado, el TPI había emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.
No es sorpresa que desde entonces las autoridades israelíes arremetan contra el TPI, acusándolo constantemente de emitir sentencias «sesgadas» y «habitualmente posicionadas en contra del Estado israelí». Mientras tanto, este conflicto se convierte en una lucha no solo legal sino también política que podría tener repercusiones muy serias para todos los involucrados.