En Madrid, el 4 de junio. Volker Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha hecho un llamado urgente a la Unión Europea para que se tome en serio su nueva política de retornos. Esta iniciativa no solo endurece las condiciones para quienes buscan asilo, sino que también permite a los países miembros enviar a los migrantes a centros de detención fuera del territorio comunitario.
Una revisión necesaria
Turk no se anda con rodeos: «La creación de estos centros de retorno extraterritoriales, donde las salvaguardias son escasas, y el uso ampliado de la detención, incluso para menores, son temas que requieren una revisión cuidadosa«. En un mensaje sincero compartido en redes sociales, subrayó la necesidad de que estas nuevas normas respeten los estándares internacionales y europeos en materia de Derechos Humanos. Para él, es fundamental que las reformas reflejen un verdadero compromiso por parte de la UE hacia una gobernanza migratoria justa y sostenible.
Este nuevo reglamento impone obligaciones bastante duras a quienes solicitan asilo. Ahora tendrán que colaborar con las autoridades para acelerar su expulsión si les niegan el asilo. Además, se prevén plazos de detención que pueden llegar hasta 24 meses si no cooperan o si hay riesgo de fuga; medidas alarmantes que podrían aplicarse incluso a menores no acompañados y familias con niños pequeños.
A medida que este reglamento avanza para sustituir una directiva casi obsoleta adoptada hace dos décadas, se consolida un modelo preocupante: externalizar el proceso de retorno a otros países. Como ejemplo tenemos el acuerdo entre Italia y Albania. Pero antes de que esta norma entre en vigor definitivamente, aún queda camino por recorrer; tanto la Eurocámara como los Veintisiete deben dar su visto bueno formal en los próximos meses.