En una jugada inesperada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido volver a incluir a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en su lista de sancionados. Esto ocurre apenas una semana después de que, sorprendentemente, retiraran las sanciones que pesaban sobre ella. ¿Qué ha pasado aquí? Todo esto se desencadenó tras un fallo judicial que había suspendido las restricciones impuestas a Albanese. Sin embargo, ese alivio fue breve; un tribunal de apelaciones intervino y revirtió la situación.
Un tira y afloja peligroso
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hizo pública esta nueva inclusión en su lista sin dar muchas explicaciones. Nos deja con preguntas sobre el proceso y la falta de claridad en torno a estas decisiones. Al fin y al cabo, el levantamiento inicial llegó justo después de que el juez Richard Leon considerara que las sanciones eran una violación directa de sus derechos bajo la Primera Enmienda. Él mismo apuntó: «¡Pero Albanese no ha hecho más que hablar!». Y es verdad, ¿no se supone que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones?
A lo largo del camino, este asunto ha sacudido tanto a Albanese como a su familia; ya no solo se trata de ella, sino también del impacto en su marido y su hija menor. La Administración Trump había impuesto estas medidas bajo una Orden Ejecutiva para frenar cualquier intento del Tribunal Penal Internacional (TPI) por investigar crímenes relacionados con Israel.
Ahora, con esta reciente suspensión administrativa dictada por un panel judicial, se abre un nuevo capítulo incierto en esta historia. Los jueces dejaron claro que esta decisión no es necesariamente una resolución definitiva sobre el fondo del asunto; simplemente les da tiempo para considerar los argumentos presentados por ambas partes. Y así seguimos, observando cómo este tira y afloja entre derechos humanos y políticas exteriores parece estar lejos de resolverse.