MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) – El Parlamento de Venezuela ha decidido posponer, una vez más, la crucial votación sobre la ley de amnistía para los presos políticos. Esta iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero las diferencias entre los diputados han hecho que se aplique el freno. Solo seis artículos del proyecto han conseguido el visto bueno unánime, mientras que el séptimo, que es fundamental para determinar quiénes quedan fuera de esta posible gracia, sigue en el aire.
La controversia gira en torno a un punto delicado: se exige a quienes buscan beneficiarse de la amnistía que se pongan “a derecho”, lo cual implica reconocer culpabilidad por los delitos que les imputan. Luis Florido, diputado del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), no ha dudado en expresar su preocupación al respecto: “¿Qué es lo que pasa con este artículo? Cuando usted dice ‘siempre que esté a derecho’, sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable”. Y tiene razón; nadie debería tener que aceptar culpas por acciones que no ha cometido.
El clamor por una amnistía plena
En medio de este intenso debate, Nora Bracho, otra diputada opositora y ferviente defensora de una ley inclusiva para todos los perseguidos y exiliados políticos, ha solicitado postergar este artículo hasta llegar a un acuerdo más satisfactorio. Sin embargo, no todo es negativo: los parlamentarios han introducido algunas modificaciones menores al texto original. Se ha acordado incluir elementos como la intención de “favorecer la reintegración a la actividad pública” y “promover la paz social y convivencia democrática”.
A pesar del tira y afloja en el Parlamento, hoy también hemos sido testigos de manifestaciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela. Los jóvenes han salido a las calles exigiendo no solo libertad para todos los presos políticos sino una amnistía real y democrática para sanar las heridas abiertas en esta nación latinoamericana.