En un giro inesperado de los acontecimientos, la Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido dar un paso al frente y formar una comisión especial para investigar las alarmantes acusaciones sobre las «ejecuciones extrajudiciales» que estarían llevando a cabo fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Todo esto surge en el marco de una operación militar que, según ellos, busca erradicar el narcotráfico. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más sombría.
Un grito por justicia
Esta comisión no solo pretende esclarecer los hechos, sino también ofrecer apoyo a las familias de las víctimas que han sufrido ataques por parte del Ejército estadounidense. Esas acciones no son solo números fríos; detrás hay vidas humanas destrozadas y familiares que exigen respuestas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha hecho eco del clamor popular tras reunirse con estas familias: “Los están matando a todos”, afirmó con indignación. Esta situación no solo contraviene los derechos humanos básicos; es una violación descarada del Derecho Internacional.
Rodríguez se mostró contundente durante su rueda de prensa: “Las personas asesinadas estaban desarmadas y fuera de combate. Fueron ejecutadas en actos claramente ilegítimos”. Esto es más que un discurso político; es una declaración de guerra contra la injusticia y la impunidad. La orden dada desde Washington ha sido categórica: acabar con todos sin distinción, lo cual, según él, constituye un crimen de guerra que debe ser detenido.
No podemos quedarnos callados ante este atropello. Las palabras resonaban como un eco entre los presentes: violaciones evidentes a los Convenios de Ginebra y otros tratados internacionales están sobre la mesa, y está claro que la comunidad internacional tiene un papel crucial en este drama humano.