En Palma, la situación está que arde. El concejal Javier Bonet, el alcalde Jaime Martínez y la regidora de Afers Socials, Lourdes Roca, están en el ojo del huracán. Todo comenzó cuando el PSOE exigió la destitución de Roca por su decisión de pedir listados con los datos de personas vulnerables con la intención de desempadronarlas. Y aquí viene lo más preocupante: alrededor de 300 afectados podrían quedar desprotegidos.
Xisco Ducrós, portavoz socialista en Cort, no se ha guardado nada y ha declarado que “eliminar a una persona del padrón municipal no es un simple trámite administrativo”. Para él, esto significa dejar a estas personas sin derechos fundamentales como acceso a médicos, ayudas sociales o escolarización. ¡Es gravísimo!
Mala praxis que duele
Lo que resulta aún más alarmante es que Roca ha mentido al Pleno del Ajuntament de Palma. Aseguró que era habitual recibir esos listados de Cruz Roja para llevar a cabo revisiones del padrón; pero la realidad es muy distinta. Según Cruz Roja, esta práctica nunca se había aplicado a personas en situación de emergencia social.
Ducrós enfatiza que lo sucedido con estas más de 300 personas sin hogar es como “borrarlas” del mapa administrativo. ¿Qué significa esto? Que quedan completamente fuera del sistema y aún más desprotegidas en un momento ya crítico para ellos. Es una mala praxis muy grave por parte de quien debería cuidar del bienestar social.
Además, señala que Roca ha engañado a la ciudadanía sobre el origen de esta decisión y por responsabilidad política han exigido al alcalde su destitución inmediata. No puede ser que alguien así esté al mando de un área tan crucial para nuestros vecinos y vecinas. La comunidad merece algo mejor.

