En Palma, la batalla contra el alquiler turístico ilegal sigue su curso, y hoy se han hecho públicos datos que no dejan indiferente a nadie. El regidor municipal del PSOE, Pepe Martínez, ha alzado la voz en una reunión con Óscar Fidalgo, el tercer teniente de alcalde de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Con un tono firme, exigió información sobre los expedientes abiertos y las sanciones impuestas por su famosa Oficina de la vivienda.
“¿Nos podría pasar copias de las actas de las reuniones fruto de ese convenio?”, preguntó Martínez con insistencia. Fidalgo no se quedó atrás y reveló cifras preocupantes: “En lo que va del año 2025 ya hay 118 expedientes abiertos, 58 sanciones que suman un total de 4,3 millones de euros, y otras 61 incoadas aún sin finalizar que podrían alcanzar los 5,4 millones”. ¡Vaya cifras!
Aumento alarmante en sanciones
Parece que las cosas se están poniendo serias. Fidalgo defendió su gestión afirmando que él sí podía ofrecer esos datos concretos mientras criticaba a otros por no tener ni un solo dato relevante. Y es que el panorama del urbanismo es alarmante; las sanciones por cambio de uso se han multiplicado por tres en comparación con años anteriores. Solo el año pasado, estas multas ascendieron a unos asombrosos 1,8 millones de euros.
Cabe destacar un caso concreto: “Un proceso para convertir viviendas en un hotel cerca del centro histórico mereció una sanción nada menos que de 700.000 euros”. ¿No es chocante? Este tema está lejos de resolverse y refleja una realidad compleja donde la regulación del alquiler turístico está en juego.