La historia que rodea a Palma y la multinacional alemana T-Systems no es solo un asunto de números; es un relato cargado de decisiones políticas que han dejado huella en las arcas del Ajuntament. Desde que empezó esta disputa en la legislatura de 2015 a 2019, la ciudad ha visto cómo se desvanecen 12,5 millones de euros en pleitos judiciales. Y esto no termina aquí, porque hay dos sentencias más al caer que podrían elevar esta cifra hasta los 18 millones, sumando los intereses acumulados.
El conflicto que nunca acaba
Todo comenzó con un contrato público para gestionar los servicios informáticos del Ajuntament. Un acuerdo prorrogado por el PP justo antes de dejar el mando, lo cual dejó en una situación complicada al siguiente gobierno del Pacte. Sin nuevas condiciones sobre la mesa, decidieron extender el contrato como servicio esencial y así comenzó una serie de desencuentros.
Cort intentó renegociar precios, convencido de que eran demasiado altos, pero T-Systems no estaba dispuesta a aceptar esos cambios. El resultado: demandas y más demandas entre ambas partes por impagos y desacuerdos sobre precios. A pesar de que se declaró nula esa prórroga forzosa, el Ajuntament no podía simplemente dejar a Palma sin su infraestructura informática.
En septiembre de 2019 llegó finalmente un nuevo contrato, pero el camino hacia ese traspaso estuvo lleno de baches. Las primeras sentencias ya condenaron al Ajuntament a desembolsar 7 millones. Con cada recurso presentado desde entonces por parte del actual equipo liderado por Jaime Martínez, la situación ha sido desfavorable: han perdido todos los juicios hasta ahora.
A día de hoy, nos encontramos ante una cuenta pendiente que podría sumar otros 5,5 millones. Así las cosas, el equipo del PP está sopesando si deberían reclamar responsabilidades patrimoniales a quienes tomaron esas decisiones desafortunadas en su momento. En particular apuntan al exregidor Adrián García y a otros gerentes del Instituto Municipal de Innovación (IMI).
Cort ha dejado claro su malestar: “Fue una decisión arbitraria y política”, apuntan desde el Ayuntamiento. Esa negligencia podría haberse evitado si hubieran buscado diálogo con T-Systems para alcanzar algún tipo de acuerdo.