En un rincón de Palma, donde la esperanza se mezcla con la incertidumbre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha alzado la voz para proponer una solución a las casi 200 personas, entre ellas 40 menores, que están a punto de ser desalojadas de los terrenos de Son Bordoy. La portavoz del colectivo, Àngela Pons, no ha dudado en pedir al alcalde Jaime Martínez que considere realojar a estas familias en casas modulares, una opción viable y económica que podría costar alrededor de 3.500 euros.
Un grito desesperado por dignidad
Pons explicó que estos hogares podrían instalarse fácilmente en solares municipales. «Si no se hace algo pronto, estas familias acabarán viviendo en la calle o ocupando otros espacios», advirtió. Y lo más irónico es que muchos de ellos votaron a Vox, el mismo partido que ahora les deja en esta situación precaria. «Es realmente triste y paradójico», reflexionó.
Mientras algunas familias tienen un techo gracias a un acuerdo firmado con el anterior alcalde Joan Fageda, otras viven en condiciones irregulares. ¿Y quiénes son los responsables? Pons denuncia claramente: «Nosotros somos testigos cada mes del abuso institucional contra los ciudadanos», señalando a constructoras y entidades financieras que juegan con el patrimonio público mientras lucran con sus beneficios.
La activista también hizo eco del desasosiego generalizado: «Hoy es el turno de los caravanistas; mañana serán nuestros vecinos expulsados por la fiebre inmobiliaria. Todo esto sin ofrecer alternativas dignas». Las palabras resonaron como un llamado a la acción para todos nosotros. En este laberinto social, las historias siguen siendo contadas y es nuestra responsabilidad no quedarnos callados.