Recientemente, el Ajuntament de Palma ha tomado una decisión que no ha dejado indiferente a nadie. Han dado luz verde a las primeras legalizaciones en suelo rústico gracias a la amnistía urbanística del Govern balear. Dos proyectos en Son Anglada han sido los elegidos, donde se legalizan viviendas unifamiliares y algunas construcciones anexas, como si fuera pan comido. Uno de estos proyectos incluso incluye una piscina. Todo esto lo ha gestionado la Gerencia de Urbanisme, bajo el paraguas de una Ley que busca simplificar los trámites administrativos.
Un agravio comparativo que no se puede ignorar
En uno de los casos, se ha ampliado una vivienda existente, añadiendo un sótano y cerramientos para crear un dormitorio extra. Estas construcciones se hicieron hace más de 30 años, así que parece que todo está saldado. Sin embargo, el otro proyecto todavía está en el aire; una vivienda unifamiliar en Sa Casa Blanca que fue objeto de un expediente disciplinario hace años pero terminó archivándose por prescripción. La sensación es clara: aquí hay algo que huele mal.
El PSOE de Palma no ha tardado en alzar la voz ante lo que consideran un «agravio comparativo». Su portavoz, Xisco Ducrós, criticó duramente esta amnistía: “Se premia el incumplimiento ante quienes hacen las cosas como deben”. En otras localidades de Mallorca se han impuesto requisitos más estrictos para acceder a estas legalizaciones; sin embargo, en Palma parece ser suficiente con tener una fosa séptica para estar al día.
Aquí es donde la frustración crece entre aquellos ciudadanos cumplidores. “En Palma puedes legalizar tu mansión rústica con piscina y hasta revalorizarla”, afirma Pepe Martínez del PSOE. Con ello se plantea una pregunta candente: ¿estamos realmente favoreciendo a quienes respetan las normas o simplemente estamos tirando por la borda cualquier atisbo de justicia? En definitiva, esta situación nos invita a reflexionar sobre cómo se gestiona nuestro territorio y quiénes son realmente los beneficiados.