En un giro que ha dejado a más de uno con la boca abierta, Bruselas ha decidido abrir un expediente a España. ¿La razón? Un trato fiscal discriminatorio hacia quienes no residen en el país y que, sin embargo, tienen su hogar aquí. Estos ciudadanos se ven obligados a pagar un impuesto sobre la renta equivalente al 2% del valor catastral de sus viviendas, algo que se siente completamente injusto.
Un reclamo urgente para corregir la situación
La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a poner fin a esta imposición que consideran discriminatoria. Mientras los contribuyentes residentes disfrutan de una exención en este impuesto, aquellos que no residen en el país deben afrontar esta carga económica solo por tener su residencia habitual aquí. Sin duda, esto afecta a la libre circulación, tanto de trabajadores como de capitales.
Ahora, España tiene dos meses para responder y corregir las irregularidades señaladas por Bruselas. Si no lo hace, el asunto podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la UE. Es hora de poner orden en este lío y demostrar que todos merecemos ser tratados con justicia, independientemente de dónde vivamos.