En Palma, el edificio de la Seguridad Social se ha convertido en el epicentro de un fuerte debate. «La Seguridad Social sí está al borde del colapso», afirman los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y no tienen pelos en la lengua para expresar su preocupación tras las declaraciones de la ministra Elma Saiz en el Senado. Mientras ella hablaba de un panorama controlado, ellos gritaban desde dentro que es todo lo contrario.
Un clamor que no puede ignorarse
El pasado 20 de mayo, cuando la ministra fue interpelada sobre cómo piensa afrontar esta situación crítica, sus palabras parecieron más una evasiva que una solución real. Los altos funcionarios quieren que quede claro: han sido ellos quienes llevan sobre sus hombros el peso de gestionar prestaciones vitales como pensiones, bajas por incapacidad y ayudas sociales, sin los recursos necesarios para hacerlo eficazmente.
«Nosotros dirigimos equipos con un compromiso feroz a pesar de tener plantillas envejecidas y desmotivadas», añaden con indignación. ¿Y qué decir del equipamiento? Insuficiente. La falta de planificación parece ser un mal endémico que afecta directamente a su capacidad para ofrecer un servicio digno a los ciudadanos.
Con voz firme, resaltan lo absurdo que es considerar que sus esfuerzos son irrelevantes porque solo un pequeño porcentaje del personal está en huelga. «Eso es menospreciar nuestro trabajo diario», sostienen. Y no les falta razón; más allá de cifras frías hay una calidad humana detrás que merece ser reconocida.
A pesar del clima tenso y las acusaciones mutuas, estos directivos hacen un último intento por tender puentes: están dispuestos a dialogar con la ministra. Sin embargo, advierten que han intentado llegar a ella sin éxito desde febrero del año pasado. En resumen, no están pidiendo mucho; solo un poco de atención y respeto por parte de aquellos que están arriba.