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La gran batalla judicial contra el narcotráfico en Baleares comienza en Palma

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Este lunes, la Audiencia Provincial de Palma se convierte en el escenario de un juicio que promete ser una montaña rusa de emociones. Con una presencia policial que no pasa desapercibida, se inicia el proceso contra 51 presuntos narcotraficantes, detenidos en una operación que, sin duda, es una de las más ambiciosas llevadas a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional en Mallorca.

El operativo desmanteló a los mayoristas que traían droga desde Barcelona y Valencia, culminando con la incautación de más de 1.500 kilogramos de cocaína. Y como si esto fuera poco, la Fiscalía ha lanzado cifras escalofriantes: piden más de 400 años de prisión en total para los acusados. La vista se alargará durante semanas, así que prepárense para un despliegue mediático importante.

Estructura del grupo narcotraficante

Según cuenta el Ministerio Público, este entramado criminal tenía tres ramas: una en Mallorca dedicada al transporte y dos en la Península donde adquirían la droga directamente desde Sudamérica. ¿Y cuál era su modus operandi? Funcionaban como auténticos distribuidores entre varios puntos calientes en la Isla, incluyendo Son Banya y su famoso ‘El Ove’.

El fiscal apunta que el líder mallorquín era un camionero español que organizaba todo junto a su equipo de confianza. Este grupo reclutaba transportistas para ocultar la droga en sus camiones. La mercancía llegaba desde Barcelona, especialmente del área franca; luego tomaban rumbo hacia el Port d’Alcúdia y finalmente se almacenaba en una nave del Polígono de Marratxí, un auténtico ‘mercado negro’ donde los pequeños traficantes se surtían.

A lo largo de esta investigación colosal, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevaron a cabo un operativo conjunto con más de 600 agentes, realizando setenta registros distintos entre Palma, Cataluña y Valencia. Las penas solicitadas son contundentes: once años y medio para los cabecillas y más de diez para muchos otros involucrados por delitos contra la salud pública y organización criminal. Además, las multas podrían alcanzar hasta tres millones de euros.

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