En la Oficina de atención a la ciudadanía, ubicada en Pere Garau, se ha tomado una decisión que podría marcar un antes y un después. El Ajuntament de Palma ha decidido aumentar en dos trabajadores su plantilla dedicada a las inspecciones padronales. Esta medida fue confirmada por la regidora de Funció Pública, Mercedes Celeste, quien aceptó una propuesta del partido Vox destinada a poner freno a los empadronamientos fraudulentos que tanto preocupan a la comunidad.
Un respaldo político polarizado
El Partido Popular no se ha quedado atrás y ha dado su apoyo «claro y rotundo» a esta moción, aunque Celeste dejó claro que este incremento de personal no será inmediato. Sin embargo, se comprometió a «poner el rumbo» para asegurar esas plazas tan necesarias. Además, también han manifestado su intención de reforzar la colaboración con la Policía Nacional, particularmente con la Brigada de Extranjería, para gestionar «todos los expedientes donde haya dudas razonables».
Fulgencio Coll, regidor de Vox, ha expuesto sus preocupaciones: «A menudo se dan empadronamientos basados en contratos de alquiler falsos». Y añade con firmeza: «Queremos algo tan sencillo como que no haya fraude, que un propietario no tenga que lidiar con 30 subsaharianos mintiendo sobre su documentación en su propia vivienda». Sin duda alguna, estas palabras resuenan entre muchos ciudadanos que ven cómo el problema crece.
No obstante, esta iniciativa ha provocado una fuerte indignación entre los grupos de izquierda. Miquel Àngel Contreras (Més) ha calificado la propuesta como «racista» y «excluyente», afirmando que intentan convertir a la administración en parte de una caza de brujas. Es evidente que el debate está servido y las posturas son más claras que nunca.