El pasado martes, un agente de la Policía Nacional puso en marcha un dron en el polémico poblado gitano de Son Banya. Lo que se está viviendo allí es una guerra abierta. La Policía Local de Palma ha decidido poner el foco en este lugar, vigilando a diario cada rincón con la intención clara de detener a los narcotraficantes que han levantado construcciones ilegales sin el más mínimo reparo.
Desde el Ayuntamiento han dejado claro que “la tolerancia con las infracciones será cero”. Esta medida llega después de las provocaciones constantes por parte de los traficantes. La lucha contra el narcotráfico lleva décadas presente en Son Banya, donde la presión ejercida por la Policía Nacional y la Guardia Civil es casi constante. Sin embargo, ahora se abre un nuevo capítulo: el ámbito administrativo.
Una batalla encarnizada por el control del territorio
Una fuente policial ha comentado que se están implementando políticas similares a las que se llevaron a cabo con El Pablo en la calle Teix, en La Soledad. Este conocido narco construyó lo que quiso y sin licencias, solo para enfrentarse luego a un torrente de multas por infracciones urbanísticas graves. Ahora le toca a Son Banya experimentar lo mismo: “Ya no hay carta blanca”, subraya un mando municipal.
La contienda es dura; los ocho capos al mando del poblado han optado por dividir su terreno: las viejas casas donde viven familias y una nueva zona plagada de edificaciones ilegales. Pero aquí hay una debilidad clara: la economía del lugar, sustentada sobre todo en la venta masiva de droga, ya ha comenzado a resentirse tras solo una semana de bloqueos y demoliciones. Los compradores huyen despavoridos al detectar presencia policial, buscando otros puntos más seguros como Son Gotleu o La Soledad.
Si los narcos insisten en levantar nuevas estructuras ilegales, podrían encontrarse con un cordón policial permanente vigilando las entradas del poblado. Y eso no es algo que deseen enfrentar. Las fuentes dentro del cuerpo aseguran que estos criminales tienen intereses muy arraigados y probablemente intenten resurgir con sus obras durante las fiestas de Semana Santa, confiando en que habrá menos vigilancia. Pero desde Cort advierten rotundamente: cualquier obra ilegal será demolida inmediatamente.
Así que ahí está el reto lanzado entre los narcos y el Ayuntamiento. ¿Quién saldrá victorioso? Solo queda esperar y ver cómo evoluciona esta tensa situación.