El 12 de marzo de 2025, se encendieron las alarmas en Bruselas. La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un tema que ya empieza a cansar: el trato desigual a los contribuyentes no residentes. Y es que, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo estas injusticias? La CE ha puesto en el punto de mira la normativa española sobre las operaciones a plazos, donde claramente hay un claro agravio comparativo entre los ciudadanos que viven aquí y aquellos que vienen de fuera.
Un sistema injusto
En este juego fiscal, los residentes pueden pagar impuestos según vayan cobrando, mientras que los no residentes tienen que liquidar todo de golpe al realizar una operación. ¡Increíble! En diciembre de 2021 ya se enviaron avisos para corregir esta situación. Pero aquí estamos, en 2025, con respuestas insuficientes por parte del Estado español y la Comisión Europea decidida a poner fin a esta discriminación. Es un obstáculo innecesario para quienes quieren hacer negocios o invertir en nuestro país.
No es la primera vez que España recibe una reprimenda así. Ya lo hemos vivido antes con sentencias del TJUE sobre otros impuestos. Y ahora más aún, con la situación inmobiliaria tan tensa en Balears, surgen propuestas para aumentar impuestos a los no residentes como si eso fuera la solución mágica para regular el mercado.
No obstante, hay algo claro: recurrir a la discriminación fiscal no es el camino. No podemos caer en la tentación fácil porque eso solo nos aleja más de una solución real y justa. Al final del día, todos deberíamos disfrutar del mismo trato justo sin importar dónde vivamos.