En el corazón de la polémica judicial, un vídeo ha salido a la luz que deja a muchos con la boca abierta. Se trata de la declaración del testigo protegido número 26, conocido como el trilero, en el caso Cursach. En esa grabación, vemos cómo este testigo recibió instrucciones directas del exjuez Penalva y del exfiscal Subirán, además de algunos miembros del Grupo de Blanqueo. ¿El resultado? Policías locales acabaron tras las rejas por culpa de una declaración manipulada.
Un entramado lleno de mentiras
La querella que se prepara contra los magistrados del TSJIB no es cualquier cosa. Vicente Coco Campaner, el abogado detrás de esta denuncia, asegura que el 11 de diciembre de 2017, los jueces Terrassa y Montserrat emitieron una resolución repleta de afirmaciones falsas con un único objetivo: proteger a Penalva, Subirán y otros implicados. Este texto legal no solo tergiversa hechos evidentes, sino que también niega lo innegable: en la grabación se escuchan claramente voces dándole indicaciones al testigo.
A medida que avanza la investigación, un ingeniero informático ha logrado cruzar los WhatsApps intervenidos al policía Iván Bandera. Con ello han conseguido demostrar que esas notificaciones sonaban en la misma habitación donde estaba el testigo justo cuando el exfiscal manipulaba su teléfono. ¡Menuda jugada!
La situación es grave. Campaner sostiene que los jueces involucrados no solo actuaron con soberbia; su falta total de fundamento jurídico les llevó a argumentos absurdos para desestimar la querella. Alegaron que sería ilógico pensar que un juez o fiscal cometería delitos sabiendo que estaban siendo grabados. Pero aquí estamos: las pruebas están sobre la mesa.