El Ajuntament de Palma ha decidido dar un paso firme y ha interpuesto este viernes, justo al mediodía, un contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno. ¿La razón? Una clara vulneración de la lealtad institucional en relación con la acampada que se instaló en Plaza de España desde el miércoles por la noche tras la movilización de la huelga general.
Cort no se ha quedado de brazos cruzados y ha optado por exigir el desalojo inmediato de las tiendas que todavía ocupan el espacio público. Llorenç Bauzá, regidor de Seguridad Ciudadana, lo dejó claro en una rueda de prensa convocada con urgencia: “El promotor de esta acampada no comunicó su acción con el preaviso necesario. Esto es un fraude de ley, y además se está intentando hacer uso indebido del derecho a reunión para apropiarse del espacio”.
Un conflicto que va más allá
Bauzá también criticó abiertamente a la Delegación del Gobierno, señalando que su falta de acción está interfiriendo en las competencias municipales. “Estamos defendiendo nuestra autonomía como ayuntamiento; esta situación no puede seguir así”, enfatizó. Y añadió que Cort se siente abandonado: “La Delegación niega incluso apoyo a nuestra Policía Local. En un contexto donde estamos bajo alerta terrorista nivel 4 desde 2015, esto es inaceptable”.
Aún más preocupante es que los organizadores han manifestado su intención de quedarse tres días más después de la huelga, lo que podría extender este conflicto mucho más allá. La última vez que hubo una acampada similar, los participantes se marcharon voluntariamente ante la presencia policial, pero ahora parece que las cosas son diferentes.