El pasado 23 de agosto, Italia tomó una decisión que ha levantado ampollas: el Gobierno ordenó inmovilizar el buque de rescate de migrantes, el ‘Sea Watch 5’, durante nada menos que 45 días. Además, la ONG alemana propietaria del barco se enfrenta a una multa de 7.500 euros por supuestamente no colaborar con las autoridades libias. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, no tardó en comunicarlo a través de sus redes sociales, dejando claro que este incumplimiento era grave.
Rescate y acusaciones
“Las actividades de rescate deben ser gestionadas por los Estados competentes”, dijo Piantedosi. Sin embargo, desde Sea Watch respondieron con firmeza: ellos defendían su derecho a actuar en el mar y se negaron a cooperar con lo que consideran un “Centro de Coordinación” cómplice. En un comunicado, afirmaron que después de rescatar a seis personas en aguas internacionales, informaron a Italia y otros países europeos, pero no a Libia. “¿Son estas las ‘autoridades competentes’ mencionadas por el ministro?”, cuestionaron.
A esto se sumó la diputada Cristina Almici del partido Hermanos de Italia, quien criticó abiertamente a la ONG. “Es vergonzoso insinuar que colaboramos con criminales”, dijo Almici, exigiendo respeto hacia las leyes italianas y recordando que este es un estado constitucional donde las decisiones pueden ser recurridas si son consideradas injustas. La tensión está servida: mientras algunos defienden el valor del rescate humanitario, otros ven en ello una violación clara de las normativas vigentes.