Este viernes, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha dado un giro inesperado en la historia del salón de baile que Donald Trump quiere construir en la Casa Blanca. Los jueces, con una decisión ajustada de dos votos a favor y uno en contra, han determinado que el presidente no puede actuar unilateralmente y necesita el visto bueno del Congreso para llevar a cabo su ambicioso proyecto.
Los demandantes, respaldados por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, han argumentado de forma contundente que la Casa Blanca es la Casa del Pueblo y que no se puede dejar en manos de un solo presidente su rediseño o reconstrucción. En sus redes sociales, Trump no tardó en calificar esta sentencia como «injusta» y dejó claro que planea apelar al Tribunal Supremo. «La resolución carece de fundamento y pone en riesgo a todos los que trabajan allí», dijo, defendiendo así su visión para este imponente salón.
Un proyecto cargado de controversia
El mandatario sostiene que las obras están prácticamente listas y promete que no costarán ni un céntimo a los contribuyentes, financiándose supuestamente con aportaciones de amigos influyentes como Jeff Bezos. Sin embargo, documentos filtrados apuntan a que una parte significativa del presupuesto podría provenir de impuestos. ¡Menuda paradoja! Este proyecto se ha convertido casi en un símbolo de su mandato, pero ¿realmente se puede tirar a la basura el proceso democrático por caprichos personales?
A medida que avanzan las semanas, también crece la polémica sobre los costos estimados. Desde hace meses se habla ya de cifras astronómicas; según un contratista consultado por el ‘Washington Post’, estaríamos hablando de unos 600 millones de dólares. Así está el panorama: entre luces y sombras, este nuevo capítulo parece lejos de cerrarse.