El pasado 10 de junio marcó un antes y un después para la antigua cárcel de Palma. Con el desalojo de sus últimos inquilinos, se abre un nuevo capítulo en la historia del lugar. Este miércoles, la Junta de Govern del Ajuntament ha dado luz verde al anteproyecto que promete convertir estas frías celdas en 139 alojamientos temporales destinados a profesionales que buscan una solución habitacional.
Un futuro incierto pero esperanzador
Mercedes Celeste, portavoz del equipo municipal, explicó en rueda de prensa que el objetivo es dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda que sufren diferentes colectivos. Sin embargo, lo cierto es que no se especificaron cuáles son esos grupos afectados. Queda aún mucho por aclarar y el misterio aumentará hasta que se presenten más detalles sobre este proyecto.
Para entender el contexto, hay que recordar cómo llegó este antiguo recinto a ser lo que es hoy. En ese desalojo del 10 de junio, quedaron atrás al menos 61 personas, quienes recogieron sus pertenencias mientras otros tantos luchaban por encontrar su camino entre las calles cercanas. Desde entonces, el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad del lugar con tapiados para evitar nuevas ocupaciones; no olvidemos que en algún momento llegaron a concentrarse más de 200 personas en sus alrededores.
Aunque inicialmente había planes para demoler esta parte de la prisión y construir viviendas dotacionales desde cero, parece que ahora hay una nueva dirección. Aún queda pendiente también el desalojo de las antiguas residencias destinadas a funcionarios, ubicadas cerca de la Carretera de Valldemossa. Se prevé seguir un procedimiento similar al anterior: censar a los residentes y notificarles su desalojo por vía judicial.
En definitiva, estamos ante un cambio significativo que podría ofrecer nuevas oportunidades a aquellos profesionales con dificultades para acceder a un hogar digno. La comunidad espera con ansias más información sobre estos planes tan necesarios.