Madrid, 14 de junio. Esta semana, Haití se ha visto sacudida por otro episodio oscuro que refleja la violencia desenfrenada que vive el país. El inspector general de la Policía y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, James Boyard, fue secuestrado junto a su familia por un grupo armado en un momento que no parece tener fin. Desde aquel trágico asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021, las calles se han vuelto aún más peligrosas, especialmente en Puerto Príncipe, donde las bandas criminales parecen ser los verdaderos dueños.
Este incidente ocurrió el jueves pasado en la carretera Bourdon/Lalue. Allí, Boyard, su esposa y su pequeña hija de seis años —ciudadana estadounidense— fueron interceptados por estos delincuentes. Según fuentes del Ministerio que hablaron bajo condición de anonimato con medios como el New York Times, ya habrían exigido un rescate por la familia. La situación es tan alarmante que se sospecha que detrás de este secuestro está la temida banda de Ti Bwa, liderada por Christ-Roi Chéry, conocido como ‘Chrisla’, quien ya figura en las listas negras de sanciones impuestas por la Unión Europea.
La lucha contra las bandas: ¿quién tiene el control?
A pesar de los esfuerzos internacionales para frenar esta ola de violencia, lo cierto es que cada vez más nos damos cuenta de lo ineficaces que han sido. Las pandillas siguen haciendo lo que quieren y esto queda claro cuando vemos que incluso una zona considerada «de alta seguridad» como la carretera donde Boyard fue capturado no es más que una ilusión.
Las cifras son escalofriantes: según datos recientes de Naciones Unidas, este año ya hemos lamentado al menos 2.310 muertes relacionadas con estas bandas criminales, además de 1.106 heridos y 99 secuestros registrados hasta ahora. Y eso no es todo; casi un millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar del horror diario.