La Federació d’Associacions de Veïns de Palma se ha alzado este lunes en una rueda de prensa que no deja lugar a dudas: las fiestas de nuestros barrios y más de 50 empleos están en juego, todo por el bloqueo de las subvenciones que debería gestionar el Consistorio. Y para colmo, mientras se recortan los correfocs y los mercadillos, parece que las grandes empresas siempre tienen un manto protector.
Maribel Alcázar, la presidenta de esta plataforma vecinal, no se ha cortado un pelo al afirmar que «es curioso cómo a nosotros nos exigen ser perfectos hasta el último céntimo, mientras hay gente en el Ajuntament incapaz de mover un papel». Y es que esta situación tiene sus raíces en una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre ayudas concedidas en 2022. El resultado: una excusa perfecta para suspender la tramitación de las subvenciones correspondientes a 2026 y 2027 hasta que todo esté claro. ¿La justificación? La famosa seguridad jurídica.
El miedo a perder lo esencial
Aquí está el meollo del asunto según Maribel: «las fiestas están en peligro porque reina la inseguridad total. Estamos como durante la pandemia; negociando con proveedores para no pagarles. Hay quienes trabajan sin saber cuándo verán su dinero. Y lo peor es que nuestros monitores y dinamizadores del barrio pueden ser despedidos». Eso es lo que le espera a nuestra comunidad si esto sigue así.
Y no solo eso, porque Marisa Bonache, presidenta de la Associació de Veïns de Son Rapinya, destaca cómo estas asociaciones son vitales para quienes viven aquí. «Estamos conectados con los centros médicos para ayudar a combatir esa soledad tan dura. Los profesionales les dicen a sus pacientes que vengan aquí para participar en actividades conjuntas. Pero ahora la incertidumbre reina; la gente ya no sabe adónde acudir ni qué hacer», advierte Marisa con preocupación.
Así estamos, entre juegos políticos y burocracia ineficaz, mientras nuestras calles y servicios comunitarios se desmoronan poco a poco.