En un juicio que no deja indiferente a nadie, este martes en Palma, el acusado, un hombre de 37 años, se sentó frente al tribunal y no tuvo reparos en reconocer lo que había hecho. «¿Reconoce los hechos que se narran en el escrito del fiscal?» le preguntó el abogado José Ignacio Herrero. Su respuesta fue clara y escalofriante: «Sí». Este hombre, cuya vida ha estado marcada por el consumo de sustancias desde su adolescencia, afirmó estar dispuesto a someterse a un tratamiento de desintoxicación y a indemnizar a su hija por los daños causados.
Una historia desgarradora
El juicio se celebraba en la sala del juzgado de lo Penal número 3 de Palma, donde la madre de la pequeña tenía programada su declaración para más tarde. La Fiscalía está pidiendo una condena de nueve años y medio de prisión para ambos padres por maltrato habitual, lesiones agravadas y otros delitos relacionados con violencia familiar. Además, reclaman que se indemnice a la niña con 10.000 euros por las lesiones sufridas y cualquier cantidad adicional que se determine durante el proceso.
Los hechos que están siendo juzgados son realmente perturbadores. Según la acusación, entre el nacimiento de la menor el 5 de julio y hasta principios de octubre de 2022, sus propios padres llevaron a cabo actos atroces contra ella. Aprovechándose completamente de su vulnerabilidad e incapacidad para pedir ayuda debido a su corta edad, la zarandearon y golpearon con una brutalidad indescriptible.
Desde sus primeros días de vida, la bebé ya presentaba hematomas evidentes causados por esos abusos inhumanos; incluso sufrió un atragantamiento cuando sus propios padres le introdujeron una toallita en la boca. Es impactante pensar cómo estos dos individuos pudieron infligir tanto dolor a una criatura tan indefensa.
A medida que avanzaban los meses, las lesiones fueron acumulándose: fracturas costales y un fémur roto dejaron huellas irreparables en su pequeño cuerpo. El ingreso hospitalario fue inevitable; necesitaron inmovilizarla con arnés y administrarle analgésicos para mitigar su sufrimiento.
La justicia ha decidido actuar: un juzgado retiró la patria potestad al padre desde septiembre y a la madre desde octubre. Lo que está claro es que estos crímenes son considerados delitos graves dentro del ámbito doméstico e implican circunstancias agravantes como alevosía y ensañamiento.
Aparte de las largas penas solicitadas por parte del Ministerio Público, también se pide una orden de alejamiento durante 18 años; es decir, estos padres no podrán acercarse ni comunicarse con su propia hija durante casi dos décadas. Una decisión difícil pero necesaria para protegerla del horror vivido.