En un nuevo capítulo de este enrevesado conflicto, el Ajuntament se mantiene firme ante los residentes de Son Banya, quienes parecen no rendirse. Y es que, a pesar de las advertencias y la presión institucional, los narcotraficantes han levantado en tiempo récord dos nuevas edificaciones ilegales a la entrada del poblado. Desde estas estructuras, continúan vendiendo cocaína a los conductores que entran y salen como si no hubiera mañana. Ellos lo tienen claro: «El poblado es nuestro».
El desafío continúa
Según fuentes policiales, estas chabolas fueron erigidas de manera apresurada durante el parón de Semana Santa, un momento que los clanes gitanos aprovechan para actuar sin temor a ser molestados. Pero desde el Ajuntament no se van a dejar amedrentar; prometen que estas construcciones no durarán mucho tiempo. Las palabras son contundentes: «Cualquier edificación ilegal será demolida en breve». La batalla está servida.
La situación es compleja y tiene sus matices. Los narcotraficantes ya han tomado una decisión arriesgada al optar por dividir el poblado en dos zonas: una antigua donde las familias residen y otra dedicada exclusivamente al tráfico de drogas. En esta última, coches llenos de consumidores transitan sin descanso mientras ellos intentan ocultar su negocio tras casetas improvisadas para protegerse de los drones policiales.
Sin embargo, si piensan que podrán construir un nuevo imperio sin consecuencias, están muy equivocados. Las grúas y excavadoras municipales están listas para intervenir tantas veces como sea necesario. Desde el cuartel de San Fernando aseguran con firmeza: «Uno de los dos tendrá que ceder, y no vamos a ser nosotros».
En paralelo, la Policía Local ha diseñado un plan minucioso para controlar día a día la expansión del poblado; incluso hay vigilancia doble en algunas ocasiones. Gracias a este esfuerzo se han detectado las recientes construcciones ilegales levantadas bajo la cubierta de la oscuridad nocturna.
Aún queda por resolver otro asunto inquietante: la investigación sobre una pista enorme y otras chabolas que costaron más de 200.000 euros a los narcos antes de ser demolidas hace unos días. El problema radica en que muchos sospechosos son insolventes; así que multarles sería prácticamente inútil.