En Calvià, la situación entre los agentes de la Policía Local está que arde. Hace poco, el Ajuntament anunciaba con bombos y platillos la incorporación de veinte nuevos policías, pero lo cierto es que estos agentes llevan ya dos años trabajando en la sombra, sin que nadie se diera cuenta. La trama se complica cuando algunos miembros de la plantilla empiezan a hablar de manipulaciones en las vacantes, diseñadas a medida para satisfacer las necesidades administrativas y sacar partido del trabajo ajeno.
Una historia que no debería ser un secreto
Los afectados han decidido llevar el asunto a los tribunales y también han hecho llegar sus preocupaciones a la Jefatura de Calvià. Sin embargo, sienten que todo se está silenciando. Ellos mismos cuentan que, aunque deberían haber tomado posesión de su plaza el pasado 11 de agosto, ya estaban incumpliendo las bases originales. Esto sucede porque los plazos legales no se respetaron, alegando que fue culpa del anterior equipo gubernamental.
Aparte de eso, denuncian una priorización evidente hacia funcionarios que no cumplían el requisito del catalán y un uso indebido del poder al congelar plazas estratégicas. Todo esto ha dejado claro que ciertos agentes fueron favorecidos mientras otros quedaban relegados a puestos menos atractivos por decisiones arbitrarias.
Y lo peor no acaba ahí: durante su periodo de prácticas, estos nuevos policías tuvieron que realizar funciones esenciales sin herramientas adecuadas. ¿Suena increíble? Pues ellos aseguran haber trabajado tres meses sin armas ni sprays. Tuvieron incluso que reclamar ante Recursos Humanos por unas retribuciones incorrectas durante ese tiempo; ganaron el pleito, pero el pago les llegó todo junto, subiéndoles hasta un 47% su declaración tributaria.
Ahora están luchando con otro contencioso relacionado con el retraso en sus nombramientos y cómo esto puede afectar sus futuras promociones internas. Pero lo más indignante para ellos es cómo el Ayuntamiento ha utilizado su llegada como propaganda para dar una imagen falsa de renovación policial justo antes del verano.
Aquí es donde culmina su malestar: exigen una revisión urgente y pública sobre cómo se están gestionando sus derechos laborales porque creen firmemente que todo esto afecta gravemente su estabilidad como profesionales.
A pesar del revuelo generado, desde el consistorio defienden su proceso administrativo asegurando no tener constancia de ninguna denuncia formal. Si llegara a ocurrir algo así, prometen actuar en consecuencia.