Juan Antonio Fernández, un hombre que ha hecho de la antigua cárcel de Palma su hogar durante más de una década, recibió este miércoles una visita inesperada. Eran las nueve menos veinte de la mañana cuando agentes de la Policía Local se presentaron en su puerta para informarle que tenía diez días para abandonar el recinto. Con una pensión escasa de 400 euros y un trabajo recogiendo chatarra, Juan no puede evitar expresar su incredulidad mientras golpea un viejo electrodoméstico con un martillo. “Me han dicho que si queríamos salir de aquí voluntariamente”, comenta, resignado ante la situación.
Una comunidad en peligro
A pocos pasos de él, otro residente que prefiere permanecer en el anonimato también enfrenta la misma incertidumbre. Este hombre llegó a la vieja cárcel en 2017, después de verse obligado a dejar su habitación por el aumento vertiginoso del alquiler debido al boom inmobiliario. “Antes vivía con 400 euros y ahora estoy jubilado y cobro algo más… pero aquí todo ha cambiado”, explica con nostalgia.
Con aproximadamente sesenta años a sus espaldas y viviendo solo, siente que las cosas han empeorado drásticamente. “Esto es un infierno últimamente. Antes éramos cuatro gatos y había mejor convivencia; ahora es diferente… Solo espero que no nos echen así sin más, necesitamos tiempo”, dice mientras se sumerge nuevamente en el interior del bloque que llama hogar.
En total, son más de cien personas las que residen en estas instalaciones deterioradas y llenas de basura. “Esto es un palo”, suspira antes de entrar a lo que ha convertido en su casa. La pregunta queda flotando en el aire: ¿dónde encontrarán alojamiento? “Tendré que ir al IBAVI a ver si hay alguna solución…” concluye, dejando claro que la lucha por una vivienda digna sigue siendo una batalla diaria.