Este viernes, en un tribunal de Palma, dos empresarios de sa Pobla se encontraron cara a cara con las consecuencias de sus decisiones. Ambos, que ya han cumplido 67 y 59 años, se declararon culpables de alzamiento de bienes, un delito que les ha costado un año de prisión y una multa de 480 euros. A pesar del peso de la condena, no tendrán que ingresar en prisión, ya que las penas han quedado suspendidas.
Un contrato roto y promesas incumplidas
La historia se remonta a los años 2008 a 2011. En esos días, estos hombres firmaron un contrato para vender una finca que ni siquiera estaba terminada: un apartamento, un aparcamiento y un trastero que prometían entregar. Las víctimas confiaron en ellos y pagaron por el material necesario para finalizar la construcción. El acuerdo estipulaba que el pago sería dividido al 50%, pero los problemas económicos comenzaron a asomar rápidamente.
A medida que la situación financiera de su empresa se complicaba y amenazaba con llevarlos a concurso de acreedores, decidieron simular otro contrato entre sus empresas. Este nuevo pacto fue ratificado ante notario en marzo de 2011 y tenía un precio muy inferior al original: solo 132.000 euros. Afirmaron haber recibido una parte en efectivo y destinar el resto al pago de la hipoteca existente sobre la propiedad.
Sin embargo, lo más inquietante es que tenían en su poder el dinero previamente abonado por los perjudicados; aun así optaron por el camino del engaño. La pregunta queda flotando: ¿cómo pudieron llegar tan lejos sin rendir cuentas? En definitiva, este caso no solo refleja malas prácticas empresariales, sino también cómo se puede jugar con la confianza ajena sin pensar en las repercusiones.