En Palma, la situación es preocupante: apenas un 21% de los inmuebles han entregado el informe de evaluación correspondiente al año 2024. Esto no solo deja entrever una falta de compromiso por parte de muchos propietarios, sino que también plantea serias dudas sobre la seguridad y el bienestar de quienes residen en estos edificios.
Desahucios y problemas cotidianos
Mientras tanto, el panorama social no es más alentador. Se ha suspendido el desalojo de dos familias con menores en Rafal, un recordatorio desgarrador de cómo las políticas habitacionales a menudo fallan en proteger a los más vulnerables. Además, los operativos antidrogas en Soledat han llevado a tres detenciones y la confiscación de sustancias ilegales, mostrando que no solo se trata del ladrillo y mortero, sino también del entorno que afecta a la comunidad.
A esto se suman situaciones absurdas como las condiciones laborales para los policías destinados a la seguridad de la Casa Real, quienes ahora se enfrentan a la falta de alojamiento porque no pueden pagar su estancia en un hotel. ¿Cómo es posible que quienes deben garantizar nuestra seguridad estén viviendo esta realidad?
Y mientras tanto, desde las instituciones se siguen tomando decisiones cuestionables. El PP y Vox acaban de aprobar una ley para construir más edificaciones sin tener en cuenta las críticas sobre cómo esto podría afectar nuestro entorno natural y social. ¿Realmente estamos dispuestos a sacrificar nuestro patrimonio cultural por más construcciones?
No podemos quedarnos callados ante este monocultivo turístico que amenaza nuestras islas. Es momento de actuar y exigir responsabilidad a todos aquellos que tienen poder en sus manos.