En el año 2024, el Consell de Mallorca impuso sanciones al alquiler turístico ilegal que suman la friolera de 4,6 millones de euros. Sin embargo, surge una pregunta inquietante: ¿cuánto de ese dinero realmente se ha recaudado? Es un misterio que parece no preocupar a las autoridades. Mientras tanto, el GOB no se queda callado y critica abiertamente el nuevo decreto ley de vivienda en Palma. Según ellos, esta medida podría llevar a una desregulación urbanística sin precedentes, algo que debería preocuparnos a todos.
La realidad detrás del número
A pesar de las cifras elevadas, los ciudadanos nos preguntamos si estas multas son más un gesto simbólico que un verdadero compromiso con la regulación. La falta de transparencia en cómo se gestionan estas sanciones deja una sensación de impotencia y frustración. No podemos ignorar que, mientras algunos sectores siguen beneficiándose del monocultivo turístico, otros luchan por encontrar soluciones habitacionales reales.
A lo largo del 2024, organizaciones como Metges del Món han atendido a más de 2.400 personas vulnerables, subrayando la necesidad urgente de un enfoque más humano hacia la vivienda y el bienestar social. La comunidad está cansada de promesas vacías; queremos acciones concretas y cambios tangibles.