En un día cualquiera en Palma, los concejales de Més, Miquel Àngel Contreras, Neus Truyol y Kika Coll, han alzado la voz. Este lunes denunciaron con firmeza lo que consideran una clara incompetencia del PP para manejar la crisis social que se vive en la antigua prisión de la ciudad. Mientras tanto, la emergencia habitacional sigue sin recibir respuestas efectivas.
Més lanza una propuesta concreta
Neus Truyol, portavoz del grupo, no se ha quedado callada. Propone que parte de esos 120 millones de euros que el PP quiere invertir en el proyecto de Gesa sean redirigidos a comprar viviendas. En concreto, plantea destinar 50 millones para adquirir entre 150 y 170 pisos de hasta 80 metros cuadrados. Pero aquí viene lo interesante: utilizando el tanteo y retracto que permite la Ley d’Habitatge de les Illes Balears, podrían conseguirse hasta 360 viviendas.
Pongamos las cartas sobre la mesa: si el precio medio por metro cuadrado en Palma ronda los 4.000 euros, con esos 50 millones se podría hacer una diferencia real en las vidas de muchas personas. Recordemos también un caso reciente: en diciembre de 2024, el IBAVI y SAREB compraron 10 viviendas por 1,38 millones. Eso nos da una media de aproximadamente 138.900 euros por vivienda. Haciendo números fríos pero efectivos, ¡imagínense lo que podríamos lograr!
Més per Palma no solo está hablando por hablar; están dispuestos a actuar para “multiplicar la vivienda pública”. Para ellos es crucial poner las instituciones al servicio del pueblo y no al capricho del mercado especulativo. Como bien dice Truyol: “Esto es actuar contra la emergencia habitacional, no hacer anuncios vacíos”. Y es que su mensaje resuena más fuerte cuando apuntan directamente hacia el proyecto Gesa.
Aquí hay algo claro: el alcalde Jaime Martínez y el PP se encuentran completamente solos en esta batalla política y social. Sin apoyo de otros partidos ni respaldo vecinal alguno, su plan ha sido recibido con fuertes críticas desde todos los frentes. ¿Y qué va a hacer Gesa? Simplemente va a incrementar problemas ya existentes como la presión turística y el descontrol sobre los precios inmobiliarios.
No podemos olvidar lo más alarmante: mientras todo esto ocurre, avanza también el desalojo en la antigua prisión. Esto pone aún más en evidencia la falta total de planificación y empatía del gobierno municipal hacia aquellos que están verdaderamente sufriendo esta crisis.