Este miércoles, Javier Bonet, el primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, se plantó ante la puerta principal de la antigua prisión. Allí, se lleva a cabo un censo crucial para las personas que habitan en su interior. «Estamos intentando que ninguna de estas personas muera calcinada», declaró Bonet con una preocupación palpable. Los incendios que han azotado la zona parecen tener un origen intencionado, y eso es lo que más inquieta.
Buscando alternativas dignas
Con el ofrecimiento del Obispado de Mallorca para proporcionar alojamiento alternativo, Bonet expresó: «Buscamos cualquier sitio digno». Se notaba su urgencia y su deseo de encontrar soluciones inmediatas, ya que muchos lugares están siendo ocupados por entidades humanitarias. “Estamos pidiendo auxilio porque estamos en una situación peligrosa después de cuatro incendios”, enfatizó el regidor. Su objetivo es claro: evitar que alguien muera asfixiado.
En este mismo día está prevista una reunión con el Obispado y se contempla contactar al Ejército. Además, este viernes se convocará una junta local de seguridad seguida por la Junta de Govern. Al final de esta semana, cuando se tenga el número exacto de los habitantes dentro del centro penitenciario, recibirán notificaciones sobre su obligación de abandonar el lugar. Tendrán cuatro días para marcharse voluntariamente antes de que inicie un proceso legal forzado.
Por otro lado, Lucía Muñoz, regidora de Podemos y presente en el registro, no dudó en criticar al alcalde Jaime Martínez por aplicar «el método Albiol» que deja a muchas personas sin opciones adecuadas. Muñoz también advirtió sobre los problemas a los que se enfrentan quienes están en situación irregular: «No reciben información sobre su posible regularización. Esta gente trabaja y necesita un hogar digno». Es un tema sensible que toca directamente las fibras emocionales del barrio.

