En un día que prometía ser solo otro más en Palma, el grupo político Podemos Palma decidió dar un paso al frente. Junto a Ángela Pons, representante de la Plataforma de Afectats per l’Habitatge (PAH), se acercaron a la antigua cárcel de la ciudad para conocer, de primera mano, las historias de quienes han encontrado refugio en este lugar olvidado por muchos. Allí, entre muros que han visto mejores días, se esconden personas que luchan cada mes por encontrar un hogar asequible.
La propuesta no tardó en llegar: transformar esa antigua prisión en vivienda de protección oficial y abrir una residencia pública para estudiantes de la Universitat de les Illes Balears. La regidora Lucía Muñoz no tuvo reparos en criticar duramente la inacción del Ajuntament: “¿De verdad alguien puede pensar que es correcto desalojar a estas familias para hacer una rotonda? Mientras tanto, dejamos un edificio público vacío con un potencial enorme para mejorar vidas”, declaró con firmeza.
Cambio o abandono: una decisión crucial
A medida que avanzaba la conversación, uno de los vecinos compartió su realidad: “No viviríamos aquí si tuviéramos otra opción. Solo queremos una vivienda digna”. Las palabras resonaron como un eco doloroso. Muñoz continuó con su mensaje claro: “No estamos hablando de números fríos; hablamos de trabajadores precarios, migrantes y vecinos que solo piden lo justo: un alquiler accesible y estabilidad”.
La regidora no dejó espacio para dudas sobre lo que considera una solución viable. “Rehabilitar esta prisión y destinar gran parte a vivienda social sería lo más sensato y justo”, afirmó con convicción. En este sentido, también propuso que el resto del edificio se convierta en residencia para estudiantes. “Unir vivienda social y alojamiento estudiantil sería crear una ciudad más cohesionada e inteligente”, concluyó Muñoz, dejando claro que hay alternativas al abandono; hay oportunidades esperando ser aprovechadas.