En el corazón de Mallorca, un tema candente ha comenzado a inquietar a la comunidad. Domiciano, un mallorquín que pasaba sus días trabajando en la construcción, se encuentra entre las cerca de 200 personas que habitan en lo que fue Sa Presó. Este emblemático lugar está a punto de ser tapiado debido a los graves problemas que se han desatado en su interior.
Javier Bonet, el primer teniente de alcalde de Palma, ha dado la voz de alarma este martes: “Pronto iniciaremos el proceso de desalojo”, dijo con preocupación. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿qué sucederá con estas personas? La realidad es que no hay suficientes plazas en los albergues municipales y eso lleva a Bonet a pedir ayuda al Obispado y hasta al Ejército. ¡Es una situación desesperante!
La respuesta del Obispado: colaboración y apoyo
Desde el Obispado de Mallorca han manifestado su disposición: “Estamos aquí para lo que haga falta”, aseguran. Con un enfoque caritativo y social, están listos para ayudar, pero advierten que cada caso debe analizarse individualmente. Y es que el problema habitacional se ha vuelto un verdadero quebradero de cabeza para todos los involucrados.
Biel González del Valle, presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol, muestra su alivio por el anuncio del Ajuntament sobre el cierre del centro penitenciario, aunque también reclama “una solución habitacional para todos”. Recuerda con tristeza los incendios del fin de semana pasado que dejaron a varias personas atrapadas; “ya lo habíamos advertido”, señala.
Aunque ahora hay patrullas vigilando las cercanías del CEIP Cas Capiscol, la falta de información hacia las asociaciones es alarmante. Todos parecen estar reaccionando tarde ante una crisis anunciada.
Bonet propone usar las carpas temporales instaladas por la Autoritat Portuària para albergar a algunos inmigrantes ilegales; sin embargo, estos módulos son solo un lugar transitorio donde pueden recibir asistencia por poco tiempo. Una solución muy lejos de ser ideal.
La política responde entre críticas
No ha pasado mucho tiempo antes de que las voces críticas comenzaran a elevarse desde la izquierda. Desde el PSOE local acusan al Ajuntament: “La responsabilidad recae en ellos”, dicen rotundamente. El alcalde Jaime Martínez parece más preocupado por sus grandes proyectos que por enfrentar esta cruda realidad social.
Més per Palma no se queda atrás y califica como “intolerable” dejar a tantas personas vulnerables sin alternativa tras anunciar su desalojo. Neus Truyol señala con firmeza: “No puedes simplemente expulsar a 200 personas y esperar que otros asuman tu responsabilidad”. Las palabras resuenan con fuerza; esto no es solo gestión pública fallida, sino una auténtica falta de humanidad ante quienes ya enfrentan una vida complicada.
Con todo esto en mente, queda claro que el sinhogarismo no es un fenómeno aislado; está profundamente conectado con la escalofriante escalada en los precios del alquiler en Palma. En definitiva, necesitamos más acción y menos palabras vacías si queremos ayudar realmente a quienes más lo necesitan.