En el corazón de Palma, la polémica está servida. Més per Palma ha alzado la voz tras enterarse de que, en apenas dos meses, el PP ha legalizado ocho chalets construidos sin permiso. La portavoz del grupo municipal ecosoberanista, Neus Truyol, no se ha cortado y ha declarado que este lunes se aprobó una nueva legalización extraordinaria de un chalet en suelo rústico. Y es que desde el 23 de septiembre hasta ahora, lo que debería ser un acto administrativo normal se ha convertido en una auténtica amnistía urbanística.
¿Premiar a los infractores?
La vivienda en cuestión, ubicada en Son Oliver y con piscina incluida, pertenece a una sociedad limitada. Truyol apuntó con ironía que “el PP y Vox han decidido premiar a quien hace las cosas mal mientras ignoran a quienes respetan la ley”. Es un giro irónico del destino: parece que hacer las cosas bien no cuenta aquí. Nos resulta difícil entender cómo pueden gobernar para unos pocos, dejando de lado a quienes luchan por llegar a fin de mes ante precios disparatados.
No podemos olvidar que cada vez que se legaliza uno de estos chalets, su precio en el mercado se multiplica. ¿Y quiénes son los verdaderos beneficiarios? Claramente aquellos sin escrúpulos dispuestos a aprovecharse de nuestras necesidades básicas como es la vivienda.
Pese a la legalización actual, no muy lejos hay varias viviendas vacacionales anunciadas incluso en Google Maps. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿realmente estamos cuidando nuestro patrimonio o simplemente tiramos todo por la borda?