En un rincón de Son Sardina, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha hecho una declaración que ha levantado ampollas. Acompañado de la regidora Lourdes Roca, anunció que Cort no desbloqueará el suelo rústico alrededor de los núcleos tradicionales. Sin embargo, desde Mallorca per viure, una plataforma comprometida con la defensa del territorio, consideran que este compromiso llega gracias a la movilización ciudadana. ¿Pero realmente podemos fiarnos de unas palabras que a menudo se las lleva el viento?
Un anuncio sin diálogo y lleno de dudas
El pasado 13 de agosto, durante su visita al barrio, Martínez sentenció que no habrá edificación en las áreas cercanas a Son Sardina ni en Establiments. Aunque días después se supo que esta promesa abarca todos los núcleos tradicionales de Ciutat, muchos critican que lo anunciara “a pie de calle”, pero sin dar tiempo para convocar a los vecinos. Desde la plataforma alertan sobre un intento deliberado por evitar el diálogo y silenciar críticas.
“Esto huele a secretismo”, señalan desde Mallorca per Viure al recordar cómo PP y Vox han manejado la Ley 4/2025 sobre liberalización del suelo. Curiosamente son precisamente esos barrios más activos los únicos excluidos de nuevas construcciones en terreno rústico. Este es solo el primer paso hacia una resistencia más amplia; todas las barriadas deben unirse para hacer frente a esta especulación desenfrenada.
Aun así, hay preocupaciones legítimas: el alcalde no descarta aplicar la ley en otras zonas. Para muchos esto parece una táctica clara para dividir y desmovilizar la oposición social frente a una normativa cuyas consecuencias negativas afectarán por igual a todos los mallorquines.
No podemos permitirlo. Las cifras astronómicas propuestas para nuevos desarrollos urbanos, sin un plan claro sobre servicios públicos o recursos vitales, están destinadas a acelerar procesos como la turistización y gentrificación ya presentes en nuestra isla.
Por eso siguen clamando por derogar esta ley tóxica que lejos está de buscar soluciones reales para la crisis habitacional; más bien responde al afán especulador del sector inmobiliario. Desde luego, quienes pagaremos las consecuencias seremos siempre nosotros: trabajadores y vecinos.
Finalmente, instan al equipo del PP en Cort a cerrar filas y rechazar cualquier posibilidad de desarrollar suelo rústico. Recuerda: “La vivienda debe ser un derecho universal; no puede ser una mercancía ni mucho menos un pretexto para arrasar nuestra isla”.