Iván, de 72 años, y Zully, de 68, han pasado más de veinticinco años en el mismo hogar, justo al lado de la Plaza de Toros. Pero este verano todo cambió. Fueron desahuciados de su vivienda, un lugar donde criaron a sus hijos y construyeron recuerdos. Ahora se enfrentan a la cruel realidad que muchos en Palma conocen muy bien.
«Vivimos en un garaje», cuenta Zully con una mezcla de tristeza y vergüenza. Un garaje prestado por un amigo que no quiere poner en apuros. Dentro hay lo básico: una cama, una cómoda y un perchero, además de un pequeño cuarto de baño y un ventilador. Solo pasan las noches allí; el invierno asoma y su preocupación crece al no saber dónde ir si no encuentran otro sitio.
La despedida forzada
El matrimonio decidió abandonar su piso días antes del desahucio; afortunadamente, no tuvieron que lidiar con la Policía. «Dejé las llaves en el rellano porque no sabía qué hacer con ellas», confiesa Zully mientras recuerda esos momentos difíciles. Durante la charla con Última Hora, saludó a una vecina del edificio que todavía reside allí. La vecina le comentó que su antiguo hogar está en obras y anticipa que pronto «se irá mucha gente» porque los apartamentos están siendo vendidos.
Zully revela que incluso su antiguo hogar estará en venta por 220.000 euros tal como está, aunque necesita reparaciones costosas: “Una locura”, dice ella con resignación. Hasta hace poco tiempo ni siquiera habían tenido contacto directo con la propietaria; todo se manejaba a través de una gestoría cuyo funcionamiento dejó mucho que desear.
Años después se dieron cuenta de que alguien estaba cobrando la renta sin ningún tipo de recibo válido. Ante esta situación decidieron acudir al Juzgado para intentar regularizar su alquiler y así lograron dar con la dueña cinco meses después; pero los problemas solo estaban comenzando.
En enero les llegó un burofax informándoles que el alquiler ya no continuaría porque el piso iba a ser vendido. Desesperados, contrataron a un abogado mediante una tercera persona, pero Zully asegura que nunca tuvo comunicación directa con él ni le ayudó como era necesario. Ahora ha presentado una denuncia ante el Colegio de Abogados porque sienten que están completamente indefensos: «Es tan injusto…», dice entre lágrimas.
Ivan y Zully miran hacia el futuro sin rumbo claro; superaban apenas el límite para ser considerados vulnerables, lo cual les ha dejado atrapados en un limbo angustiante: “Con nuestras pensiones es imposible encontrar algo aquí en Palma”, lamenta Zully mientras reflexiona sobre cómo las inmobiliarias piden ingresos imposibles para ellos: «Nos piden 3.000 euros al mes». Una historia más entre tantas otras donde los sueños se ven tirados a la basura.