La situación en el barrio de Son Espanyol se ha vuelto insostenible. Los vecinos, cansados y frustrados, están viendo cómo los ladrones les roban el cableado eléctrico por quinta vez. Es un ciclo que parece no tener fin: apenas pasan unos días desde que reponen los cables, y nuevamente los delincuentes vuelven a actuar, dejando a la comunidad sin luz y sintiéndose cada vez más abandonados.
«Nos volvieron a robar los cables dos días después de ponerlos. Esta gente ya nos toma el pelo a nosotros, a la policía y al ayuntamiento», denuncia Rafel Gómez, portavoz de la asociación de vecinos. Y es que lo que se ve como un simple robo tiene detrás una operación bien organizada; los ladrones parecen estar al acecho del momento exacto en que colocan los nuevos cables para volver a llevárselos.
Urgencia en las soluciones
La desesperación entre los residentes es palpable. Desde la asociación exigen respuestas rápidas y efectivas: «Ya hemos pedido que busquen soluciones reales, si hay que instalar cámaras o lo que sea necesario», reclama Gómez. Sin embargo, hay otro problema en juego: las limitaciones legales sobre la vigilancia. «Con las cámaras, por protección de datos, hasta podríamos ser denunciados nosotros por grabarlos», añade con indignación.
No solo se trata de un tema económico —«todos nosotros pagamos los cables»— sino también del riesgo físico que implica esta situación. En el último robo, algunos cables quedaron colgando peligrosamente a la altura de un peatón. «Si viene un niño y juega con esos cables puede electrocutarse», advierte Rafel con preocupación visible.
A esto se suma otra pregunta inquietante: ¿qué pasa con las empresas que compran cableado robado? «¿No pueden hacer algo para controlar este tipo de transacciones?» insiste Gómez. En medio del hartazgo general, algunos vecinos están considerando organizar patrullas para proteger su comunidad.
Son Espanyol dice basta y exige acciones concretas e inmediatas a las autoridades antes de que sea demasiado tarde.