El reciente acuerdo que ha firmado Emaya con un antiguo delegado sindical de USTE, que implica una indemnización de 225.000 euros, ha causado una auténtica conmoción en la izquierda política de Cort. Lucía Muñoz (Podemos), Neus Truyol (Més) y Xisco Ducrós (PSOE) se han unido este lunes para pedir explicaciones urgentes sobre lo que consideran un pacto «ilegal», «partidista» y «clandestino». ¿Qué está pasando aquí?
Un eco del pasado oscuro
Neus Truyol no ha dudado en calificar esta situación como un regreso a las prácticas corruptas del pasado. “Emaya era conocida por su clientelismo, donde los políticos decidían quién trabajaba y quién recibía indemnizaciones. Parece que PP y Vox están rescatando esas viejas costumbres”, clamó Truyol, visiblemente indignada.
La sorpresa es palpable entre los partidos de izquierda; no solo porque el acuerdo no fue discutido en el Consejo de Administración, lo cual pone en entredicho su legalidad, sino porque ni siquiera estaban al tanto de que la dirección estuviera considerando negociar algo así. Recuperaron las palabras del regidor Llorenç Bauzá durante el pleno de septiembre, quien había mencionado que se agotaría la vía judicial contra estos trabajadores tras unas graves acusaciones.
Este vínculo con Vox incrementa la desconfianza dentro del resto de la oposición y plantea interrogantes sobre si hay planes similares para otro trabajador involucrado en el caso, quien fue representante de Vox en el Consejo de Administración anterior.
A todo esto se suma la indignación progresista al descubrir que Emaya ha renunciado a un proceso judicial justo cuando estaba previsto un fallo; parece que han tirado la toalla antes incluso de conocer la decisión del juez. Y como si fuera poco, este nuevo capítulo surge justo antes de una vista penal relacionada con acosos a excompañeros.
Dentro de todo este contexto complicado, los representantes de la izquierda piden claridad: ¿incluirá este pacto también retirar las acusaciones contra los sindicalistas? Recuerden que Emaya estaba pidiendo penas de cárcel para ellos. “Si retiran estas acusaciones, estarían dando la espalda a quienes realmente necesitan apoyo”, alertaba Truyol. En palabras del portavoz socialista Ducrós: “Es fundamental mantener las acusaciones; eso es defender los derechos del resto”.
Finalmente, Lucía Muñoz añadió: “Los 225.000 euros provienen directamente del bolsillo de los ciudadanos; merecen explicaciones claras”. Así las cosas, queda claro que esta historia aún tiene mucho camino por recorrer.