La polémica ha estallado en Cort, y no es para menos. Emaya, la empresa municipal, se encuentra en el ojo del huracán tras alcanzar un acuerdo judicial con un trabajador despedido por acoso. Este individuo, que alguna vez fue delegado sindical de USTE, recibirá nada menos que 225.000 euros. La dirección de Emaya, liderada por Lorenzo Morey y respaldada por el regidor Llorenç Bauzá, se defiende alegando que todo ha sido legal y transparente.
Un pacto que genera controversia
En un comunicado, Emaya asegura haber seguido todos los procedimientos establecidos: «hemos actuado dentro de la legalidad y no necesitábamos la aprobación del Consejo de Administración». Sin embargo, esta afirmación ha suscitado dudas entre los partidos de izquierda. Y es que este acuerdo llega justo después de una serie de denuncias graves contra el exsindicalista por parte de una docena de compañeros.
A pesar del revuelo, la dirección sostiene que este pacto permite reducir costes y evitar más conflictos legales. «Minimizamos así la litigiosidad», aseguran desde Cort. Además, recuerdan que situaciones similares han ocurrido en legislaturas anteriores sin suscitar tanto escándalo.
No obstante, hay quienes critican esta decisión rotundamente. Desde Vox incluso piden la readmisión del despedido y otro sindicalista señalado anteriormente. La tensión aumenta cuando recordamos que Bauzá había prometido agotar todas las vías judiciales debido a lo serios de las acusaciones.
Así pues, mientras algunos aplauden el intento de cerrar este capítulo antes del fallo final del juicio pendiente, otros se preguntan si realmente era necesario llegar a este punto. Las sombras sobre cómo se manejan estos asuntos en Emaya siguen acechando y no parece que vayan a disiparse pronto.