El pasado miércoles, un grupo de trabajadoras se concentró en Cort, y no fue por gusto. La situación que viven las escoletes es tensa y llena de dudas. «Los servicios mínimos son tan estrictos porque afectan a niños de cero a tres años», insistía el Ajuntament, subrayando la vulnerabilidad de muchos alumnos que provienen de familias en riesgo de exclusión social. Sin embargo, con estas exigencias mínimas, solo algunas educadoras pueden hacer huelga. Es decir, áreas esenciales como el comedor quedan al margen: «Contamos con más de 120 niños que pueden estar enfrentándose a su única comida del día», apuntaba el Ayuntamiento.
La defensa y la crítica se dan la mano
No obstante, los sindicatos no están dispuestos a aceptar esta justificación sin más. Acusan al Ajuntament de difundir «bulos» al recordar que ya existían compromisos firmados en 2022 para garantizar alternativas alimenticias durante una huelga. Y así lo recalcan: si una trabajadora tiene derecho a hacer huelga mientras que el 92 % restante queda atrapado como “servicios mínimos”, algo huele mal.
De hecho, según indican los representantes laborales, hay muchas escoletes donde solo una sola persona puede levantar la voz y negarse a trabajar. En este contexto, un juez ha dado cinco días al Ayuntamiento para presentar documentación sobre el decreto del servicio mínimo; esto podría ser un paso crucial en esta batalla.
Las educadoras no solo luchan por sus derechos laborales; también temen perder entre 50 y 60 euros cada día que pasan en huelga. Y mientras tanto, Cort mira hacia adelante buscando negociar un nuevo convenio autonómico que promete mejorar los salarios hasta alcanzar cifras atractivas como 22.000 o 24.000 euros anuales. Sin embargo, los sindicatos advierten que incluso con estos cambios todavía habrá una brecha salarial notable respecto a sus compañeras de gestión directa.
«Lo único que pedimos es una equiparación salarial real», dice la parte social con determinación. Desde Cort mantienen su postura de no poder mejorar las condiciones sin ese nuevo convenio aprobado primero: «Nos dicen desde servicios jurídicos que no hay nada más por hacer». Con todo esto claro como el agua turbia, parece que cualquier solución está aún lejos y ese nuevo pliego podría tardar hasta 2026 en ver la luz.