Palma

La oposición se une contra la cesión de solares municipales al PP por 75 años

En un día marcado por el debate y la preocupación, el PSOE ha hecho un llamado urgente a rectificar la licitación de cinco solares municipales que están destinados a promotores privados para construir viviendas a precios accesibles. Esta propuesta ha encontrado eco en todos los partidos de izquierda y ha tenido la abstención de Vox, lo que podría permitir que avance si se mantiene el apoyo en el pleno.

El concejal socialista Pepe Martínez no se ha quedado callado y ha advertido: “Los pliegos no cumplen con la normativa actual. Aún estamos a tiempo de corregir lo que es un gran error en esta licitación”. Y es que hay serias dudas sobre las condiciones impuestas para ceder estos terrenos públicos a empresas privadas. Uno de los puntos más controvertidos es ese plazo de 75 años para la cesión. Martínez lo explica claro: “Los costes de construcción y financiación serán amortizados en 15 años, dejando 60 años de beneficio neto”, sin contar los ingresos extra que puedan generar los locales comerciales o las subidas abusivas del alquiler.

Dudas sobre el futuro habitacional

Aparte, surge otra cuestión crítica: ¿realmente se van a construir viviendas a precio limitado o solo serán algo más asequibles? “Un 30% más caro”, sentencia Martínez. Además, dejan en manos de las empresas seleccionadoras decidir quién podrá vivir en esos pisos, algo que genera inquietud entre los socialistas al desconocer qué criterios utilizarán.

El PSOE no está solo en este camino. La abstención de Vox también refleja una preocupación compartida. Fulgencio Coll reconoce la emergencia habitacional, pero también expresa sus reservas respecto al largo plazo propuesto para cedérselo a las empresas privadas.

Neus Truyol, desde Més per Palma, lamentó la ausencia del regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, quien estaba ocupado con otros asuntos importantes como elegir el proyecto ganador para la Plaça Major. Para Truyol, ceder esos terrenos por tanto tiempo es “abuso puro”, asegurando que “la vivienda limitada es un 30% más cara que la protegida”. Y añade con firmeza: “No podemos dejar que sea el promotor quien decida quién vivirá allí; necesitamos un criterio justo”.

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