En un giro que muchos ya esperaban, el Ajuntament de Palma ha reafirmado su decisión de llevar a cabo el desahucio de Sa Presó. ¿La razón? Un alarmante «peligro de derrumbe e incendios» que, según ellos, amenaza la seguridad del lugar. Pero esto no acaba aquí, pues también tienen en marcha el proyecto de Mobilitat del Consell de Mallorca, que incluye una rotonda que se añadirá a la ya caótica infraestructura de la Vía de Cintura.
Reacciones y preocupaciones entre los afectados
Jaume Pla, director general de Seguretat Ciutadana, y Miquel Busquets, regidor del área, se presentaron este jueves ante las comisiones previas al pleno. Su misión: dar explicaciones tras las protestas del PSOE y Podemos sobre las notificaciones que han llegado a los habitantes del recinto municipal. Y lo cierto es que el equipo de gobierno ha repetido hasta la saciedad que no habrá desalojo hasta que pasen diez días desde la entrega oficial de la notificación policial.
Lourdes Roca, regidora d’Afers Socials, fue clara: «Hemos iniciado el proceso administrativo para recuperar este bien». Pero eso no es todo; su departamento planea reunirse con Conselleria d’Afers Socials y el IMAS para explorar qué alternativas pueden ofrecer a quienes están en situación vulnerable. Curiosamente, los datos indican un aumento del 30% en el empadronamiento de personas allí desde que anunciaron que habría casas para todos.
Por otro lado, Lucía Muñoz, concejala de Podemos, no se ha quedado callada ante esta situación: «Esto es una represión contra el sinhogarismo. Hay entre 200 y 300 personas afectadas y ahora los van a desalojar para construir una simple rotonda». Sin duda alguna, estamos ante un tema candente que merece más debate y reflexión.