En el corazón de Palma, la antigua prisión se ha convertido en un auténtico vertedero humano. La semana pasada, la Policía Local comenzó a notificar a los residentes que debían abandonar este lugar en diez días. Un aviso que suena más a una sentencia que a una solución. El alcalde Jaime Martínez no se anduvo con rodeos: «Sa Presó es un lugar peligroso e inhabitable», afirmó, dejando claro que aquí, la seguridad brilla por su ausencia.
Alrededor de 200 a 300 personas viven en estas condiciones deplorables. Algunos son trabajadores precarios, otros luchan contra adicciones y todos comparten el mismo espacio invadido por basura y riesgo constante de incendios. No es raro ver a los efectivos policiales intervenir en conflictos entre los residentes. Una situación insostenible que exige atención inmediata.
Buscando soluciones responsables
Martínez recalcó su compromiso: «Mi responsabilidad es ponerlo sobre la mesa». Insistió en que es necesario transformar este lugar en viviendas adecuadas y planificar un proyecto de movilidad para mejorar la zona. Aunque las notificaciones no implican desahucios inmediatos, sí marcan el inicio de un proceso administrativo para recuperar el inmueble. «No hay plazos fatales», aclaró, enfatizando que están buscando soluciones personalizadas para cada persona afectada.
El alcalde también abordó el tema de los asentamientos irregulares: «No voy a mirar hacia otro lado». En las próximas semanas, prometió abordar esta problemática con transparencia y colaboración entre administraciones y organizaciones sociales. Es fundamental encontrar respuestas efectivas para aquellos que habitan tanto Sa Presó como otras situaciones vulnerables.