En Palma, un grupo de educadoras de las escoletas municipales se encuentra en una situación desesperada. Ellas son Mercedes Leo, Margarida Ramis, Davinia Mesa y Cristina Martí, cuatro voces que representan a 130 mujeres que trabajan en condiciones precarias. A pesar de su formación especializada y la responsabilidad que tienen al cuidar hasta 18 niños en sus aulas, se sienten pobres y vulnerables. Hasta hace poco, sus salarios apenas alcanzaban el Salario Mínimo Interprofesional de 1.134 euros al mes; ahora han subido a 1.184 euros con pagas prorrateadas. Pero eso no es suficiente.
La lucha por un salario justo
Con el 40% del material escolar pagado de su propio bolsillo, estas educadoras no solo están cuidando a los más pequeños; están luchando por dignidad en su trabajo. Se comparan con sus compañeras de otras escoletas gestionadas directamente por el Ayuntamiento, donde las educadoras ganan hasta 1.800 euros al mes. Y esto les duele profundamente.
El alcalde Jaime Martínez ha reconocido que no tiene sentido esta disparidad salarial: “No puede haber trabajadoras que hagan las mismas tareas y unas cobren más y otras menos”. Sin embargo, a pesar de estas palabras alentadoras, las educadoras prefieren no hacerse ilusiones. “Queremos verlo por escrito”, dice Mercedes Leo con firmeza.
La realidad económica que viven es alarmante. No pueden esperar año y medio para ver mejoras salariales cuando ya están acumulando deudas y sus gastos superan los ingresos. “Necesitamos medidas urgentes para poder vivir”, afirma una afectada mientras comparte cómo va pagando plazos tras la rotura de su viejo coche.
Margarida Ramis enfrenta su propia batalla como madre soltera estudiante; siente la presión constante del día a día y considera dejar la universidad por falta de recursos. Las educadoras se ven obligadas a buscar trabajos adicionales como camareras o limpiadoras para poder salir adelante; ellas son madres ausentes que cuidan niños ajenos mientras sus propios hijos quedan al cuidado de otros.
La situación es compleja para cada una de ellas: Mercedes vive con su madre anciana y tiene un hijo con autismo, mientras intenta pagar una hipoteca cada vez más pesada. La precariedad parece ser la norma en este sector feminizado dedicado al cuidado infantil.
Aunque desde Cort se habla sobre mejorar la carrera profesional dentro del Ajuntament y negociar convenios colectivos que contemplen esta equiparación salarial, las palabras necesitan materializarse pronto en acciones concretas si quieren cambiar este panorama tan desolador.