Este jueves, las calles alrededor de la antigua prisión de Palma se llenaron de furgones de la Policía Local, y con ellos, un aire tenso que parecía anunciar problemas. Unos 300 vecinos se vieron sorprendidos por un desalojo que nadie vio venir, y las críticas no tardaron en llegar. PSOE, Més y Podemos no han tenido piedad con el alcalde Jaime Martínez, acusándolo de actuar sin humanidad y dejando a muchos sin opciones.
La voz de los afectados
El portavoz del PSOE en Palma, Francisco Ducrós, ha sido claro al manifestar su indignación: «Esto es una deshumanización brutal hacia quienes ya están sufriendo». Para él, es incomprensible que el alcalde decidiera enviar a la Policía Local sin coordinarse previamente con el área de Benestar Social ni contar con el respaldo de organizaciones que conocen bien el problema del sinhogarismo. Y no solo eso; la concejala Silvana González también levantó la voz: «Es fundamental escuchar a las entidades sociales. Necesitamos sensibilidad ante un tema tan delicado como este».
Neus Truyol, concejala de Més, no se quedó atrás y subrayó que este desalojo refleja una política dañina del PP hacia las personas más vulnerables. A su juicio, lo que falta aquí son alternativas reales para quienes se ven obligados a dejar sus hogares improvisados. «No hay plan», repetía Truyol entre frustración y desesperación. La idea es clara: los desahucios no pueden ser la solución.
A Lucía Muñoz, concejala de Podemos, también le preocupa cómo estas decisiones van alineadas con una tendencia peligrosa: «Se está criminalizando a quienes padecen pobreza», dijo. La realidad es que muchos viven en condiciones precarias y ahora se les empuja aún más al límite sin ninguna opción viable.
Mientras tanto, el Consistorio parece ignorar las voces que claman por un enfoque más humano. En definitiva, hay mucho trabajo por hacer si realmente queremos cambiar esta situación antes que sea demasiado tarde.