Este martes, Llorenç Bauzá, el regidor de Medi Natural de Palma, se ha plantado en Madrid con un objetivo claro: exigir que el Estado asuma parte del coste del nuevo emisario submarino y la ampliación de la depuradora de la ciudad. Estas obras, que están contempladas en un convenio firmado en 2022, son cruciales para mejorar nuestro entorno. Aunque el Gobierno ya se comprometió a cubrir el 80% de la primera fase, las cuentas no salen cuando se trata de la segunda etapa. Esta vez, todo el peso recae sobre Emaya.
Un reclamo justificado y olvidado
Bauzá ha dejado claro que hay una inversión total de 60 millones de euros que Emaya debe afrontar, mientras que el Ministerio solo ofrece un crédito del 10%, que además hay que devolver en diez años. Tras reunirse con Dolores Pascual y Rosa Cobo, representantes del Ministerio, su decepción fue palpable: «No han mostrado interés alguno por ayudar en este asunto. Se limitan a poner excusas difíciles de aceptar», lamentó Bauzá. Con indignación, añadió que el Gobierno central ha despreciado a Palma, dejando ver lo poco que les importa nuestra calidad de vida.
Parece irónico comparar esta situación con lo ocurrido en Vigo, donde no hubo problemas para financiar proyectos similares. Bauzá argumenta su solicitud recordando que el saneamiento de la Bahía de Palma fue declarado como interés general del Estado desde 1993. En cuanto a las obras actuales, la ampliación y remodelación de EDAR Palma II está dividida en dos fases; la primera ya en marcha requiere una inversión global estimada en 117,99 millones, también respaldada al 80% por ACUAES.
A medida que avanzamos hacia finales de agosto de 2026 para concluir esta primera etapa, muchos nos preguntamos qué pasará después. Las intervenciones planificadas para la segunda fase deberían comenzar después; sin embargo, hasta ahora no hay compromiso alguno por parte del gobierno central para financiarlo.