Desde su anuncio, la Oficina Antiocupación de Palma se ha convertido en un tema candente. Más de tres meses han pasado desde su presentación y, para sorpresa de muchos, todavía permanece cerrada. Este espacio, pensado para ofrecer asesoramiento gratuito sobre cuestiones de vivienda a los ciudadanos, debería haber abierto sus puertas antes de que finalizara 2024. Pero un desacuerdo con el Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) lo ha dejado en el limbo.
Tensiones entre el Ayuntamiento y los abogados
La oficina está ubicada en la calle Santa Fe y contará con un equipo de ocho profesionales, incluyendo dos abogados. El compromiso del Ayuntamiento era claro: abonar 30.000 euros al ICAIB por este asesoramiento. Sin embargo, aquí es donde se complica la historia. El ICAIB sostiene que debe ser el Consistorio quien pague directamente a los letrados, ya que consideran que esto no forma parte de su ámbito laboral.
Por otro lado, desde Cort dicen que no pueden pagar a los letrados porque no son trabajadores municipales. Este tira y afloja ha llevado a una situación desesperante donde nadie sabe cuándo podrán los ciudadanos acceder a este servicio tan necesario.
La oficina tenía como objetivo abordar temas cruciales como las ayudas a la rehabilitación, ocupaciones ilegales o alquileres turísticos, pero parece que estos planes han quedado en un segundo plano mientras se discute quién paga qué. La realidad es que este servicio podría ser vital para muchos vecinos que luchan por entender sus derechos en temas tan complejos.
A medida que avanza esta trama llena de desencuentros y promesas incumplidas, la incertidumbre sigue creciendo. Y aunque hay conversaciones entre ambas partes para desbloquear esta situación, aún no hay una solución a la vista. Lo único claro es que hasta entonces, los ciudadanos seguirán esperando sin saber si alguna vez podrán contar con ese apoyo tan esperado.