El pasado sábado, el corazón de Palma se llenó de caravanas. Unas doscientas personas se unieron a una protesta contra la ordenanza cívica que prohíbe residir en estos vehículos. Sin embargo, el alcalde Jaime Martínez no dudó en dar su opinión y dejar claro que lo que vio no eran familias en situación vulnerable, sino más bien una movida dirigida al turismo.
Una protesta mal enfocada
Martínez explicó con claridad que «los problemas sociales se solucionan con políticas sociales» y subrayó que durante esta manifestación no había ninguna cara de desesperación, sino gente buscando hacer turismo. En sus palabras, «esta manifestación era proturismo», lo que dejó entrever su desacuerdo con la forma en que los caravanistas estaban tratando de vincular sus intereses a la crisis de vivienda actual.
«En los últimos ocho años hemos mirado hacia otro lado», añadió el alcalde, refiriéndose a la situación precaria de algunos asentamientos de caravanas donde residen familias vulnerables. Pero insistió en que lo ocurrido ese día no tenía nada que ver con ellos. Se refería a lugares como Son Gual o Son Hugo, donde realmente hay quienes necesitan ayuda pero no fueron parte del espectáculo del fin de semana.
La prohibición más polémica es la restricción para vivir en autocaravanas y permanecer estacionados más de diez días en el mismo lugar. Según el Ayuntamiento, esto busca acabar con asentamientos problemáticos y responder a las críticas sobre cómo se ha gestionado este tema.
Baltasar, uno de los participantes de la protesta convocada por A.C.O. y P.A.C.A., expresó su frustración: «Nos han prohibido muchos sitios a los que no podemos ir. No acampamos ni ensuciamos; intentamos ser respetuosos pero ahora ya se nos mira mal como si fuéramos delincuentes». La rabia y la impotencia flotaban en el ambiente mientras Palma lidiaba con un colapso por el paso inusitado de caravanas por sus calles.